La Contratación Gubernamental es de Color Verde Metálico
Las pocas instancias en que se ha
logrado sacar a la luz pública contrataciones “nebulosas” han creado en la
ciudadanía una reacción de indignación y coraje que se torna al poco tiempo en
resignación y termina en el olvido. A mi
juicio, la razón por la cual se olvida es que la indignación generalizada que
sucede luego de conocerse del agravio surge y se ancla en ideales éticos y
morales que no proveen un marco de referencia claro y preciso contra el cual se
pueda medir dicho agravio ya sea en el ámbito administrativo, civil o penal. No me malinterpreten, esta indignación es
necesaria y demuestra nuestra sensibilidad de pueblo ante actos perversos. Sin embargo, al no existir un punto de
referencia claro, ni medidas concretas que intenten resolver el agravio o
evitarlo en el futuro, los ciudadanos se ven forzados a continuar con su vida
por lo que el coraje con el tiempo se olvida.
La falta de un marco o punto de
referencia también afecta la discusión pública que se da en los medios de
comunicación. Esto, dado a que las
discusiones giran dependiendo de la fuente o la
persona que las ofrezca. Peor aún, muchas
discusiones son cargadas de opiniones personales y subjetivas; ideas ambiguas e
imprecisas sobre cómo debe funcionar la gestión gubernamental; y especulaciones
sobre las actuaciones que dieron pie al agravio. Esto torna la discusión en un “dime y direte”
pasajero y totalmente subjetivo que, a pesar de que ayudó a la indignación
general del pueblo, no resulta en un análisis del problema ni ofrece soluciones
a largo plazo. Esto no es culpa de los
moderadores ni de los analistas, sino, más bien es causa de la misma falta de
claridad en la gestión gubernamental. A
fin de cuenta, la gestión gubernamental, pero especialmente la que concierne a
la adquisición y contratación, es una caja negra que solo algunos privilegiados
conocen lo que hay dentro.
La gestión en la adquisición y
contratación gubernamental actual tiene el tipo de opacidad que solo el verde metálico
permite arrojarle luz. Es irrelevante
discutir si su diseño – o falta de – es deliberado o planificado. Pero sí es relevante e indispensable
establecer que la falta de transparencia y certeza – por la ausencia de
esquemas legales y regulatorios claros y robustos que rijan dicha gestión – lo
único que provoca es, a lo menos, la negligencia, ineficacia y despilfarro de
fondos públicos; y a lo más, el aprovechamiento ilícito y la corrupción. Los procesos de adquisición y contratación de
las agencias de gobierno no pueden estar sujetos a la competencia,
interpretación, o conveniencia de los jefes de agencias de turno o
de los funcionarios de confianza plantados en las agencias, muchas veces por consideraciones
ajenas al mérito y la sana administración pública. Por lo tanto, es vital comenzar un diálogo
sobre cómo podemos construir las estructuras legales y regulatorias que
permitan proteger los fondos públicos y cerrar los recovecos que permiten merodear
a los negligentes e incompetentes, así como a los oportunistas, en las arcas
del Estado; y que además evite que estos perpetradores se escabullen y rehúyan
de su responsabilidad.
A consecuencia de lo anterior y a
los fines de poner la acción en la palabra, me he tomado el atrevimiento de
sugerir unas medidas concretas que por lo menos den pie al diálogo objetivo de
este problema. Obviamente, las premisas
que sustentan estas medidas no son discutidas en este escrito porque entonces
se tornaría en un libro. No obstante,
muchas de esas premisas son de fácil deducción para los que están al tanto de
la historia y el quehacer diario de nuestro país. Estas son las medidas recomendadas:
- Los compradores del gobierno deben ser puestos de carrera en la gerencia intermedia que sean bien remunerados y que tengan la obligación de divulgar información financiera de manera periódica y pasar por un proceso de indagación al momento de reclutarse y posteriormente cada 5 o 10 años;
- Crear los puestos de especialistas de compras que, sujeto a la supervisión de los compradores, ayuden a estos últimos en la ejecución de sus gestiones y obligaciones. Con estos puestos, además, se crea un pool o grupo de talento para el futuro reclutamiento en plazas de compradores;
- Crear un programa de educación continua que desarrolle las capacidades y destrezas de los compradores del gobierno y especialistas de compra; que amplíe y profundice en las leyes y normas de adquisición de bienes y contratación gubernamental;
- Crear un esquema regulatorio que asegure el desempeño de los compradores del gobierno mediante mecanismos correctivos y disciplinarios en el ámbito administrativo. Dicho esquema debe ser estándar a través de todo el gobierno, además de ser consistente en su aplicación; y debe estar subsumido en el ámbito y principios de las leyes y normas laborales;
- Crear un esquema legal que defina y establezca de forma clara las facultades y autoridad de los jefes de las entidades de gobierno y sus compradores para representar y obligar fondos del gobierno en la adquisiciones y contrataciones. Dicho esquema, además, debe establecer expresamente los principios básicos de (a) transparencia, (b) confiabilidad y certeza, (c) responsabilidad / accountability, (d) competitividad (calidad, precio y capacidad de proveedores), (e) desarrollo económico, y (f) la capacitación y educación de los profesionales envueltos en la adquisición y contratación gubernamental;
- Crear un esquema reglamentario que permita implementar los principios básicos y mecanismos de adquisición de manera consistente a través de todas las entidades gubernamentales de forma estandarizada. Esto permite delimitar en un solo cuerpo: (a) la gestión de adquisición y contratación gubernamental dentro de un marco claro y robusto; (b) otorgar a los compradores solamente la discreción necesaria para llevar a cabo sus funciones; (c) facilitar la administración, oversight y accountability sobre las adquisiciones y contratación gubernamental ya que permite enfocarse en los esquemas en lugar de acciones particulares o procedimientos distintos y/o fraccionados de agencia en agencia.
- Establecer un tribunal a nivel apelativo especializado y dedicado a resolver las controversias sobre contratación gubernamental y que sus determinaciones establezcan precedentes (sujeto a una posterior revisión del TSPR). Ello otorga consistencia a través de las entidades gubernamentales en la interpretación de las leyes, ayudando así a las agencias y compradores a delimitar su discreción.
- Crear un comité permanente e independiente que constantemente evalúe los esquemas legales y regulatorios de adquisición y contratación gubernamental, y que pueda hacer recomendaciones periódicas a la asamblea legislativa para mejorar y atemperar los esquemas. Estas evaluaciones y recomendaciones, además de la discreción del comité, deben estar enmarcadas y justificadas a la luz de los principios básicos establecidos en ley. Este comité no tendrá la facultad de intervenir en las contrataciones y adquisiciones de las distintas entidades gubernamentales y su único rol es robustecer los esquemas mediante sus evaluaciones y recomendaciones; además de desarrollar pericia y fomentar la discusión sobre los esquemas.
- Toda la información concerniente a los 8 puntos antes establecidos (excepto, por razones obvias, los datos personales de divulgación del punto 1) deben estar publicados en las formas y plataformas accesibles para la ciudadanía.
Obligar fondos públicos mediante
la adquisición y contratación de bienes y servicios solo debe recaer en manos
de personas profesionales, competentes y libres de reproche ético. A su vez, es deber del gobierno establecer los
parámetros legales y regulatorios que viabilicen esta gestión y que fomente la
transparencia, responsabilidad y obligaciones de todos y cada uno de sus
componentes. Por último, es necesario que
la ciudadanía exija el diálogo objetivo y deliberado sobre estos procesos que nos
permita finalmente tener un sistema de adquisición y contratación de excelencia
que sea compatible con los mejores intereses del pueblo.
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